Histórico: PGR pega al gobierno en Michoacán Alcaldes, un juez y funcionarios estatales fueron detenidos por el Ejército y la Policía Federal .

María de la Luz González y Francisco Gómez Reportera y enviado
El Universal
Miércoles 27 de mayo de 2009

Por presuntos vínculos con el cártel de La Familia, elementos del Ejército y de la Policía Federal capturaron a 10 alcaldes, un juez y 17 funcionarios del gobierno de Michoacán, en una acción simultánea en diversos puntos de la entidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el operativo es resultado de una investigación que inició hace seis meses, la cual combinó capacidades de investigación policial y ministerial, y que determinó que los detenidos formaban parte de una presunta red de protección a La Familia.

A la pregunta de si existe alguna indagación contra el gobernador Leonel Godoy, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, respondió: “Se está investigando a todo mundo”.

Entre los funcionarios de mayor importancia aprehendidos se encuentran el coordinador de asesores del procurador del estado y ex subprocurador, Ramón Ponce; la asesora del gobernador y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández; el director del Instituto Estatal de Formación Policial y ex director de Seguridad Pública, Mario Bautista, y el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de Justicia, Jaime Liera.

Por la mañana, el gobernador Leonel Godoy dijo que el gobierno federal no le notificó de las acciones. Más tarde, en conferencia de prensa, anunció que pidió al procurador y al subprocurador del estado que se separen de sus cargos para que se pongan a disposición de las autoridades federales. El primero renunció por la noche.

En la ciudad de México, la dirigencia nacional del PRD cerró filas en torno a Godoy y exigió que no haya una estrategia selectiva en el combate al narcotráfico.

Calificó como “una acción hostil” que el gobierno federal haya realizado el operativo sin notificar al mandatario estatal.

Además, demandó al gobierno que el derecho a la seguridad no esté determinado por objetivos de carácter electoral. Subrayó que los funcionarios involucrados en el narco “sean sancionados con severidad”, sin importar su militancia priísta, panista o perredista.